El 25 de enero de 2023 está aquí ya. Aún queda pasar la Navidad y seguro que algún promotor le pedirá a los Reyes Magos un documento que venga de Oriente (o de Madrid) que habilite a su proyecto a salir adelante. Hablamos de la Declaración de Impacto Ambiental, DIA.

Existe una indignación enorme, el Gobierno tarda en dar los permisos medioambientales, por lo que miles de proyectos no podrán cumplir con la fecha tope del hito fijada (25 de enero) por lo que se ejecutarán las garantías.

La realidad es que hay un atasco burocrático en la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental. Fecha que ya se amplió seis meses mediante Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre la ampliación del plazo de permisos renovables.

Mucho dinero y emplo en el aire

Haciéndonos eco de un artículo de Expansión, se calcula que hay entre 60.000 y 80.000 MW atascados, uno 3.200 millones de euros atascados por la saturación del Gobierno.

Varias fuentes calculan entre 2.500 y 3.000 proyectos parados. ¿Saben cuánto empleo hay en juego?

Ribera mantuvo un encuentro con los responsables de energía de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial. La ministra les comunicó que “se mantienen los hitos marcados por la normativa para tramitar los proyectos de energías renovables, con los objetivos de evitar el bloqueo de la capacidad de acceso a la red eléctrica, garantizar seguridad jurídica de los promotores y demostrar la credibilidad de la Administración a la hora de cumplir sus compromisos”.

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Fue peor el remedio que la enfermedad

En 2020, el Ministerio de Transición Ecológica, propuso la consecución de unos hitos administrativos para evitar la especulación con los proyectos renovables y así, depurar y hacer de filtro para saliesen adelante los proyectos reales.

El problema viene cuando el propio Gobierno ni puede ni tiene capacidad para atender administrativamente a todos los proyectos y que estos obtengan sus autorizaciones. Como ocurre en este caso con el DIA.

Si la apuesta por la Transición Energética y las energías renovables es firme y clara, las Administraciones Públicas deben de dotarse de mecanismos y personal suficiente para lo que viene siendo una realidad desde hace muchos años, que las energías renovables van a más, son el presente, no el futuro. Y hay mucho en juego, proyectos, empleo y dinero, que casualmente, es dinero exigido por el propio Gobierno, que será ejecutado por su incapacidad resolutoria.

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